UN JUZGADO TRAMITA POR LA VÍA PENAL LA DENUNCIA CONTRA EL BBVA POR UN "SWAP"
22/03/2012 17:08 | lainformacion.com
Una constructora valenciana ha conseguido que un juzgado tramite por la vía penal, y no por la contencioso administrativa, una querella contra el banco que le vendió de manera presuntamente irregular un "swap", un producto financiero considerado de alto riesgo.
Madrid, 22 mar.- Una constructora valenciana ha conseguido que un juzgado tramite por la vía penal, y no por la contencioso administrativa, una querella contra el banco que le vendió de manera presuntamente irregular un "swap", un producto financiero considerado de alto riesgo.
El Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, según la documentación a la que ha tenido acceso EFE, abrió el procedimiento el pasado mes de diciembre y ya ha comenzado a tomar declaración a tres directivos del BBVA, la entidad querellada.
Los tres directivos están acusados de estafa, coacciones y apropiación indebida en la venta de un "swap" a la constructora Carrasco Pizarro, que denunció las supuestas irregularidades en la contratación y gestión de un "swap".
Hasta ahora, los clientes bancarios que han denunciado irregularidades en la comercialización de sus "swaps" han acudido a la vía contencioso-administrativa y, en muchos casos, han logrado anular los contratos.
Los "swaps" funcionan como un seguro para los créditos ligados al euríbor, en los que se fija un interés de referencia, de manera que cuando este se supera, el banco abona el exceso, y cuando baja, el cliente paga al banco la diferencia, una cláusula que muchos de sus suscriptores han asegurado desconocer.
La querella presentada por la constructora se dirige en concreto contra Juan Carlos Lisart, director del Centro Promotor de Valencia del BBVA cuando se firmó el contrato; Vicente José García-Sahuquillo, director de Banca Empresas, y Pablo Lafarga, director de la Zona Hipotecaria Centro-Este.
En cumplimiento de las diligencias previas ordenadas por la juez María Begoña Solaz en el auto dictado el pasado 5 de diciembre, ya han prestado declaración tanto Lisart como García-Sahuquillo, mientras que Lafarga lo hará el próximo 7 de junio.
Fuente cercanas a BBVA han insistido en que se trata solo de trámites iniciales para determinar si existen indicios suficientes como para abrir juicio oral o si, por el contrario, se decide cerrar el caso.
La querella alega la existencia de un delito de estafa, en primer lugar porque no se informó al cliente sobre las características del producto y, en segundo, porque se le propuso un acuerdo para cancelar el "swap" que después el banco no cumplió.
Este acuerdo consistía en que la constructora abonaba 1,2 millones de euros por la cancelación del "swap" y la liquidación de todos los pagos derivados de él a cambio de que el BBVA promocionara la venta de sus viviendas, algo que finalmente el banco no hizo, según el querellante.
Además, Carrasco Pizarro denuncia coacciones porque los directivos del banco condicionaron la refinanciación de sus créditos a la firma de determinados documentos relacionados con el "swap" que no se habían suscrito en su momento, lo que implicaba aplicar los intereses de mora.
Por último, la querella apunta a un delito de apropiación indebida por parte del banco porque, en primer lugar, se negó a ejecutar una orden de venta de un fondo de inversión del cliente y, en segundo, cobró los intereses del "swap" de su cuenta corriente en lugar de hacerlo de este fondo, como se recogía en el contrato.
Las diligencias previas continuarán en los próximos meses con la declaración de los testigos -empleados de la constructora y del BBVA- y con el análisis de la información disponible, que incluye tanto documentos escritos como la grabación de algunos de los encuentros entre el empresario y los directivos del banco.
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