La AUDIENCIA NACIONAL cita como imputados a Rato, Olivas y Acebes Y 30 exconsejeros más, en la causa sobre Bankia

   El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra 33 exconsejeros de Bankia, entre los que se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y políticos del PP, PSOE e IU que formaban parte de la cúpula de la entidad.

   Además de Rato, el juez imputa a Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA) como personas jurídicas y a otros 32 exconsejeros de la entidad, entre los que se encuentran José Luis Olivas, expresidente de Bancaja y Banco de Valencia; Ángel Acebes, exministro del Interior o Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

   La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, el expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, el exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada, la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced o Carmen Cavero, cuñada del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

   También están imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exalcalde de Castellón Antonio Tirado, y de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín.

   El resto de imputados en la causa son los consejeros Francisco Verdú, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Francisco Baquero, Pedro Bedia, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, José María de la Riva, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

   FRANCISCO VERDÚ, ACTUAL CONSEJERO DELEGADO DE BANKIA, IMPUTADO

   El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, ha sido imputado en la querella presentada por Unión y Progreso y Democracia (UPyD) contra exgestores de la entidad que ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional.

   Verdú es el único de los 33 exconsejeros de Bankia y de su matriz BFA que sigue trabajando para la entidad después de que se anunciara su nacionalización con un respaldo de recursos públicos de 23.465 millones de euros y de que Rodrigo Rato dimitiera como presidente en favor de José Ignacio Goirigolzarri. 

   Verdú se incorporó oficialmente a Bankia el 16 de junio de 2011, la víspera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobara el folleto de salida a Bolsa de Bankia, que dio su salto al parqué el 20 de julio de ese año.

   En la actualidad, Verdú es uno de los tres consejeros ejecutivos de Bankia, junto a Goirigolzarri y a José Sevilla, director general de presidencia.

   El actual 'número dos' de Bankia firmó las cuentas anuales de la entidad de 2011, que reflejaban un beneficio de 309 millones de euros y que la auditora Deloitte se negó a refrendar por diferencias de valoración. Tras ser revisadas por el nuevo equipo gestor, las cuentas arrojaron pérdidas de 2.979 millones de euros.

   El sector financiero acogió con sorpresa la decisión de Goirigolzarri de mantener a Verdú como consejero delegado de Bankia en el diseño del nuevo equipo gestor de la entidad para llevar a cabo el plan de saneamiento impulsado por el Ministerio de Economía y garantizar su solvencia y viabilidad a largo plazo.

   No obstante, el nuevo presidente de Bankia decidió rodearse de hombres de confianza procedentes de BBVA, banco en el que fue consejero delegado hasta 2009. Así, circunscribió las competencias de Verdú fundamentalmente al negocio de banca minorista y al de banca mayorista.

DECLARARÁ FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 también cita como testigos al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura; y el auditor socio de Deloitte, Francisco Celma, que realizó un informe sobre la situación de la entidad; y a un representante de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

   Las citaciones no tienen todavía fecha todavía porque, según fuentes jurídicas, el juez interrogará a los imputados una vez que se les de traslado de la querella.

ESTUDIARÁ LA INTERVENCIÓN JUDICIAL

   En relación con la intervención judicial de la entidad solicitada por UPyD, sobre la que informó en contra la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha convocado el próximo 23 de julio una comparecencia en la que serán citadas todas las partes personadas para adoptar una decisión.

   El juez instructor también admite toda la prueba documental solicitada por la formación de Rosa Díez, que deberá depositar una fianza de 20.000 euros para ejercer la acusación popular, y requiere a Bankia y al BFA copia de las actas de las reuniones que el Consejo de Administración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 y de los documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB.

CRÉDITOS A FAMILIARES Y PARTIDOS POLÍTICOS

   El juez Andreu también pide a cada una de las cajas de ahorro que se integraron en Bankia detalles sobre "las operaciones de crédito, aval o garantía" que efectuaron desde el 1 de enero de 2008 "en favor de miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y de su personal, directivos, familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según la Ley del Mercado de Valores".

   De igual modo, solicita que se detallen los créditos que se concedieron desde esa fecha a "los partidos o grupos políticos que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros". También les pide que se indique "la situación actual de los citados créditos".

   Por otra parte, pregunta si existen o han existido en este periodo "cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de Administración".

   Además, solicita información sobre el plan de prejubilaciones o cualquier otro sistema de previsión (pensiones complementarias, seguros de vida y figuras análogas) destinado al Comité de Dirección de la entidad, las aportaciones a planes de pensiones, mutualidades, seguros de jubilación y pagos de indemnizaciones y retribuciones de cualquier naturaleza que habrían recibido desde el 1 de enero de 2007.

   Toda esta información se solicita a las seis entidades que fundaron

Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja.

CNMV, FROB Y BANCO DE ESPAÑA

   Además, pide a la CNMV los expedientes tramitados tras la Oferta Pública de Suscripción y admisión a negociación de acciones (OPS) de Bankia, y en particular de la resolución por la que se aprobó la salida a bolsa de la entidad a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas de los tres últimos ejercicios. También le reclama la inforamción que Bankia puso a disposición del público en este proceso.

   De igual modo, pide a las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao los expedientes sobnre la admisión a negociación de las acciones de Bankia en los distintos mercados, así como los hechos relevantes comunicados y las decisiones adoptadas respecto a la entidad.

   Además, solicita al Banco de España los informes elaborados por el Grupo de Inspección del Grupo Bankia desde el 1 de enero de 2011, los cuadernos de cargos de los administradores de Bankia y el BFA, un resumen sobre la situación en el Banco de Valencia, y el Plan de Capitalización y de Saneamiento presentados por Bankia.

   Al FROB también le solicita un informe sobre la situación patrimonial y la viabilidad del Banco de Valencia, las actas que obren en el expediente del Grupo Bankia, los informes sobre la inyección adicional de 17.000 millones de euros, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio de 2011 y los informes cuatrimestrales de la Comisión Rectora.

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 FUENTE :EUROPA PRESS

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Investigan a ex altos cargos de Caixa Catalunya por irregularidades en sueldos

   La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades en las retribuciones de altos cargos de la antigua cúpula de Caixa Catalunya, actualmente CatalunyaCaixa, según ha informado este miércoles la Fiscalía en un comunicado.

   Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales, la investigación se ha abierto de oficio y la llevará a cabo el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, tras informaciones aparecidas en los medios de comunicación, y las pesquisas abarcan de 2008 en adelante.

   Se trata de dirimir si se produjeron anomalías "en el establecimiento de un régimen de retribuciones elevado para altos responsables" de la citada caja, actualmente controlada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

   La Fiscalía ha solicitado información al Banco de España sobre anteriores responsables de la caja catalana, incluyendo posibles fondos de pensiones.

   Con este caso ya son dos las investigaciones que la Fiscalía de Barcelona tiene abiertas por supuestas irregularidades en cajas, puesto que en noviembre de 2011 se abrieron diligencias respecto a cuatro exdirectivos de Caixa Penedès por la autoasignación de planes de pensiones.

   CatalunyaCaixa está actualmente liderada por Adolf Todó, que se incorporó a Caixa Catalunya en 2008 como relevo de Josep Maria Loza, que dimitió como director general tras una década en el cargo y más de 36 años de carrera profesional en la caja.

   En la última etapa de Caixa Catalunya, el presidente --no ejecutivo-- de la entidad fue el exministro socialista Narcís Serra, que ocupó el cargo de 2005 a 2010, cuando se concretó la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa, y que fue relevado por el entonces director general del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Fernando Casado, que renunció al puesto pocos meses después, cuando la entidad inició el proceso de bancarización.

   A Casado le sustituyó de forma transitoria Manel Rosell, expresidente de Caixa Manresa y de la Cámara de Comercio de Manresa, y Adolf Todó asumió la presidencia ejecutiva de Catalunya Banc --el banco que vehicula la actividad financiera de CatalunyaCaixa-- a finales de 2011, con el apoyo del Frob.

RETRIBUCIONES DE 2011

   Según datos publicados por CatalunyaCaixa a finales de 2011, Todó percibió a lo largo del pasado año un total de 1,5 millones de euros.

   En concreto, 823.000 euros corresponden al sueldo, 579.000 euros a un plan de ahorro a largo plazo, 139.000 euros a primas de seguros de vida y 11.000 euros de retribuciones en especie o beneficios sociales.

   El director general, Jaume Masana, cobró en 2011 un total de 866.000 euros, de los que 618.000 euros proceden del sueldo, 186.000 de un plan de ahorro a largo plazo, 47.000 euros de primas de seguros de vida y otros 14.000 euros proceden de retribuciones en especie o beneficios sociales.

Fuente: (EUROPA PRESS) 

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La CNMV ve irregularidades en la venta de la mitad de las preferentes

La CNMV considera que hubo irregularidades en la mitad de las emisiones de preferentes vivas. Siete de las 18 entidades de crédito que emitieron estos títulos son investigadas.

La paz estival de Santander se vio alterada ayer por el revuelo levantado en torno a las preferentes de la banca. Una veintena de inversores protestaban con pancartas y bocinas frente al recinto de La Magdalena por el dinero perdido. Ya en el palacio, dos policías nacionales de uniforme montaban guardia para que no se produjera incidente alguno. Una estampa inusual en el ambiente de sosiego que suele presidir los actos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

La sangre no llegó al río y al final no hubo incidentes destacables. Tanto Julio Segura, presidente de la CNMV, como José María Méndez, director general de la CECA, pudieron desarrollar sus ponencias en un seminario organizado por la APIE con plena normalidad. Eso sí, el tema de las preferentes afloró.

Segura informó de que el organismo que dirige ha abierto expediente a siete de las 18 entidades financieras que han emitido preferentes en los últimos años.

En mayo del año pasado año, había 22.500 millones de euros en estos títulos en circulación. Tras los canjes masivos por acciones o depósitos realizados por bancos y cajas, hoy quedan apenas 8.500 millones vivos. Este remanente, a juicio de Segura, "tiene una solución más complicada porque se trata de los títulos de entidades rescatadas por el Estado". En concreto, Bankia tiene 3.000 millones de preferentes repartidos entre particulares, Novagalicia 961 millones y Catalunya Caixa otros 500 millones.

Los siete expedientes abiertos por la CNMV afectan a la mitad de las emisiones vivas. Es decir a unos 4.250 millones de euros.

Julio Segura indicó que las preferentes son títulos regulados y supervisados. Recordó que los folletos de emisión "cumplen todas las exigencias exigidas para salir a la calle". Bajo esta premisa, "no hubo un problema de transparencia en el folleto de emisión".

Las irregularidades vinieron de otra parte: del proceso de comercialización por parte de las entidades. Al ser productos de inversión sofisticados, la norma exige que se realice un test de idoneidad al potencial inversor. Pero aunque el examen diera suspenso, adelantó Segura, "no se puede prohibir la venta de preferentes a un ahorrador si este insiste en su deseo de comprarlas con una declaración firmada donde reconoce estar al tanto de los riesgos".

El representante de la CNMV defendió la labor del organismo que ha dirigido durante los últimos cinco años. Rechazó que hubiera cometido negligencia alguna. "Es imposible tener un inspector en cada sucursal bancaria para vigilar la venta de preferentes", dijo. "La CNMV solo puede dar normas para su venta e imponer sanciones a quienes las incumpla". Julio Segura reconoció que "sin lugar a dudas hubo una mala comercialización de las preferentes" en una ponencia con sabor a epílogo, pues su mandato vence en unas semanas.

Las preferentes son deuda subordinada y perpetua. El 60% de las emisiones son anteriores a 2005 y el 40% posteriores a dicha fecha. Estos títulos se han convertido en causa de angustia entre los pequeños inversores a partir de mediados de 2011, cuando su valor de emisión dejó de corresponder con el de mercado. Muchos ahorradores argumentan que su banco o caja les vendió el producto como si se tratara de una imposición a plazo, sin alertarles de los riesgos de iliquidez y pérdida de valor que llevaba aparejado.

Comentario:

Y...¿ PORQUE NO HABLAN DE LOS SWAP??? 

Los afectados de los SWAP, hemos sufrido el desamparo de LA CNMV, LA CECA, BANCO DE ESPAÑA...POLÍTICOS.. todos los organismos competentes.. y la PRENSA!!!!!.

La problemática de esa ESTAFA!!! y unos pagos elevadísimos de hasta 90.000.-€ TRIMESTRALES, a los que las familias hemos tenído y tenemos que hacer frente por unos "seguros" de elevada complejidad para nuestra cultura financiera, la de los "clientes minoristas" a los que nos "colocaron" el producto. Hemos tenido que movilizarnos por libre, teniendo que hacer frente desde 2008 a chantajes por parte de la banca, y a extorsiones para que retiráramos las demandas de los juzgados, pero hemos seguido fuertes y hemos demandado ante los tribunales a las entidades bancarias que habían incumplido la normativa de TRANSPARENCIA, ÉTICA, EQUIDAD,...etc, y habían "ESTAFADO A SUS CLIENTES" por  los productos de cobertura los SWAP.

Ahora por desgracia para los afectados de las preferentes, nos han dado el epujón que necesitábamos ahora, las preferentes "venden" audiencia a las televisiones... pero aún así,se está destapando todo el entramado de la banca española, y el descontrol de los supervisores de las entidades, CNMV, Y BANCO DE ESPAÑA. Ahora diariamente ya está llegando a la TV y a la prensa, y gracias a las redes sociales cada día somos más y podemos seguir luchando por lo que es nuestro por derecho.

La CNMV, sancionará a las entidades en cuestión.. pero os preguntaréis...¿QUIEN NOS DEVOLVERÁ NUESTRO DINERO? ¿ CUANDO RECUPERAREMOS NUESTRATRANQUILIDAD?

pues sintiendolo mucho, por mucho que nos digan que tenemos razón, tan solo UNA DEMANDA ANTE LOS TRIBUNALES será la que les ponga en jaque y la que obligue a la devolución de NUESTRO DINERO.

Mercè Muñoz

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 FUENTE :CINCODIAS.COM - PARA NOTICIA COMPLETA CLICA AQUI

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Nueva condena de la Audiencia Provincial contra Bankinter por no informar a su cliente de una operación de riesgo "SWAP"

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha confirmado la sentencia que condenó a Bankinter a pagar 14.634 euros a un cliente al que no informó debidamente sobre una operación de riesgo y que se une a la recientemente dictada por un Juzgado de San Javier, que estimó otra demanda y condenó a la misma entidad bancaria a pagar 6.400 euros por igual motivo.

La sentencia de la Audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, indica que el Juzgado de Primera Instancia de Yecla, en una resolución dictada hace ahora un año, estimó la demanda presentada por "Pinomar Sillería, S.A." contra Bankinter y declaró la nulidad del contrato de gestión de riegos firmado por ambas entidades en octubre de 2007.

La Audiencia, al desestimar el recurso que presentó la demandada, indica que el cliente, cuando firmó el contrato, "obraba en su convicción de que estaba suscribiendo un producto que se asimilaba a una especie de seguro que lo protegía contra el riesgo de la variación de los intereses, no siendo consciente de que lo que suscribía era un producto de inversión de naturaleza compleja que llevaba implícito un riesgo elevado".

La sala añade que "no se aprecia que la demandante tuviera capacidad por sí misma para desentrañar, con la simple lectura del contrato, la realidad financiera que encerraba el producto".

El tribunal confirma así la sentencia del Juzgado de Yecla y condena a la entidad de ahorros al pago de las costas generadas por su recurso.

Por otra parte, la misma Sección de la Audiencia Provincial de Murcia condenó recientemente al Banco Español de Crédito (Banesto) por un contrato de operaciones financieras que firmó con la empresa "Asesores y Técnicas Agrícolas, S.A." al considerar que los responsables de ésta no recibieron la información precisa sobre el riesgo de la operación.

En este caso Banesto fue condenada a pagar 12.472 euros a su cliente, además de declarar nulo el contrato. EFE

Fuente: EFE

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Anticorrupción presenta una querella contra 5 ex directivos de Novacaixagalicia

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes ante el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional la querella contra cinco exdirectivos de Novacaixagalicia por las cantidades adjudicadas en concepto de prejubilaciones, "ocultando los importes tanto al Consejo de Administración como al Banco de España".

Así, según recoge la querella, la Fiscalía, tras practicar diligencias de investigación en las últimas semanas, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de administración desleal o, de modo alternativo, de un delito de apropiación indebida.

La querella ha sido formalizada contra Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Óscar Rodríguez Estrada y Francisco Javier García de Paredes Moro.

Anticorrupción argumenta que todos ellos han actuado "con abuso de las funciones de su cargo y pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia, a disponer fraudulentamente de bienes de la misma, ocultando al Consejo de Administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones".

Además, la querella añade que los gestores de las cajas gallegas "no tenían derecho" a cobrar estas prejubilaciones, lo que se hizo "en menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".

El Estado es propietario del 93% de la entidad tras inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB. Tras la intervención, la auditora BDO realizó un informe en el que concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su "verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en 188 millones de euros.

Pide que devuelvan el dinero

Anticorrupción reclama a García de Paredes un total de 5,36 millones de euros, de los que cerca del 95% corresponde a los salarios devengados desde el 1 de julio de 2012 hasta el 29 de enero de 2025, que no podría haber cobrado anticipadamente por capitalización.

El segundo en la lista es Pego, a quien se le reclama un total de 1,44 millones de euros. Entre ellos, una indemnización por premio especial por dedicación de 933.156 euros sin el visto bueno del Banco de España.

Además, Anticorrupción reclama 913.602 euros a Gorriarán

y 260.940 euros a Rodríguez Estadra. 

En las peticiones de devolución no aparece Gayoso, 

porque éste acordó devolver la mayor parte de su indemnización.

La Fiscalía recuerda que quedan pendientes de cuantificar las cantidades a regularizar por los planes de pensiones y que ascienden a 10,8 millones de euros a favor de Pego, a 8,1 millones de euros a favor de Rodríguez Estrada, a 9,2 millones de euros a favor de Gorriarán Laza y a 5,07 millones de euros reconocidos a favor de García de Paredes.

Fuente: EL MUNDO.ES

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BANCA CÍVICA vuelve a ser condenada, 

en BARCELONA .

Os  aportamos información sobre dos nuevas sentencias condenatorias a esta entidad, Juzgado de Primera Instancia número 8 de Barcelona y Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cerdanyola 
ya sabréis que Banca Cívica son las antiguas " CAJA NAVARRA, CAJA CANARIAS, CAJA DE BURGOS Y CAJASOL" 

 Banca Cívica "COLOCA UN SWAP", por pedir un prestamo para construir una piscina municipal.

La sentencia obliga al banco a devolver 314.000 euros a un cliente perjudicado por un contrato de 'swap'

https://www.facebook.com/apymes

El cliente solicitó una          Hipoteca para construir una piscina   y, más tarde, suscribió con el banco un swap que, teóricamente, le protegía frente a subidas de los tipos de interés. Pero eso “no es cierto”, según la sentencia, ya que el producto entrañaba el riesgo de sufrir –como así sucedió- “importantes pérdidas económicas” de las que el afectado no fue informado como es debido. El banco alegó que, por su cargo, debía conocer “al dedillo”, pero admitió que, cuando se contrató (en 2007) el producto era “novedoso”.

El representante del banco subrayó en el juicio que el cliente tenía conocimientos financieros, por lo que debía ser tratado como un profesional, y no como un particular cualquiera. La sentencia, sin embargo, considera que el hombre no tenía “los conocimientos necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión”.

Los swaps se pusieron de moda durante la bonanza económica. El problema del producto es que, como recoge la sentencia también en este caso, hay una “diferencia notable” entre el riesgo que asume el banco y el que asume el cliente. Es un juego en el que casi siempre gana la entidad bancaria. Numerosos juzgados han fallado ya a favor de los clientes. Unos 200.000 no fueron informados de los riesgos en toda España, según el Colectivo Ronda.

La resolución judicial remarca que no constan “condiciones generales ni particulares del swap”, sino solo el documento de confirmación, que no describe los riesgos ni menciona la posibilidad de pérdidas. En concreto, al cliente no se le explicó que, si el interés quedaba por debajo del 4,47%, debía pagar. El banco ha infringido, recoge la sentencia, el deber de información, especialmente exigible por la naturaleza “especulativa” del producto.

La demanda, que ha llevado el letrado Óscar Serrano, del Colectivo Ronda, pedía la nulidad del contrato, la devolución del dinero y el pago de intereses por “información suficiente” y “falta de asesoramiento”. Según el afectado, el producto sirve “en realidad para proteger al banco frente a las bajadas de tipos de interés e incrementar sus beneficios”. Con “publicidad engañosa”, el responsable de la entidad, según la demanda, “utilizó un contrato de difícil comprensión (…) bajo la apariencia de un seguro”. El cliente añade que, a finales de 2008, “los tipos de interés se desplomarían”, por lo que hubo “mala fe”.

FUENTE: EL PAIS

La otra "derrota" es en CERDANYOLA

La información dada, más la lectura del contrato de la permuta  financiera es “todas luces insuficiente” para dar por hecho que Banca Cívica informase correctamente a sus clientes. La jueza cree que la entidad financiera, la Caja de Ahorros de Navarra en su momento, indujo al error a través de un mecanismo engañoso en el que únicamente se contaron los beneficios del swap.

El  Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cerdanyola    (Barcelona) ha anulado una permuta financiera de la Caja de Ahorros de Navarra, actualmente perteneciente a Banca Cívica, por la falta de información aportada por la entidad financiera a sus clientes. La jueza califica de “insuficiente, sesgada y errónea“, la información dada por Banca Cívica a sus clientes. Según la sentencia, los clientes confiaron en el empleado de la CAN que les vendió el producto, pues ya habían contratado a través de él otros productos en otras entidades financieras.

Para la jueza, la lectura del contrato no clarifica en modo alguno la sesgada información que recibieron con anterioridad los clientes y “es a todas luces insuficiente como para considerar que el hecho de la firma del contrato por parte de los particulares deba suponer conocimiento del objeto de contrato y las de posibles consecuencias que acarreé la permuta financiera”.

La sentencia concluye que no se practicó un “normal diligencia en la información a los clientes”, por lo que se indujo al error “a través de un mecanismo engañoso en el que se informó únicamente sobre los efectos beneficiosos de la permuta financiera”.

La jueza tiene en consideración que, a pesar de que los clientes son dos empresarios acostumbrados a contratar productos financieros, “eran de tipo hipotecario o petición de créditos personales”, por lo que no tenían experiencia en este tipo de productos complejos y la categorización del cliente por parte del banco debía haber sido diferente.

FUENTE: ASUAPEDEFIN

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Denuncian a Aznar, Rajoy y Zapatero por permitir el "saqueo" de España

Los sindicatos ELA y CIG reclaman responsabilidades ante el Tribunal Supremo por la cesión del control del Estado al sistema financiero

El sindicato vasco ELA y el gallego CIG han denunciado por prevaricación ante el Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a sus predecesores, José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar, al considerarlos responsables, junto a otros cargos, "del mayor saqueo" de España. 

En su denuncia también figuran los ministros de Economía desde la época de Aznar hasta el presente (Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos), el gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor al frente del organismo supervisor, Jaime Caruana.

Según ha comunicado a los medios antes de presentar la denuncia el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, estas personas son responsables "por acción o por omisión" de haber consentido el control del Estado por parte del poder financiero.

Muñoz añade que la concentración de capital por el poder financiero deriva en el "control de la política, de los medios de comunicación y en un embobamiento social fabricado para que estas cosas pasen sin que haya contestación social en las calles" y que, para frenar esta situación, la calle es un espacio que tiene que ser "ocupado democráticamente". También indica que una de las causas que explican la "condescendencia" de la clase política con el poder financiero es la financiación de los partidos , que se nutren de créditos de las entidades bancarias que luego son condonados.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Xesús Seixo, subraya a los medios que "hay que exigir que realmente vayan a la cárcel los culpables de la crisis económica". En su opinión, el poder judicial utiliza una vara de medir diferente cuando se trata de delitos económicos y de exigir  responsabilidades a quien ocupa cargos políticos  y económicos.

Además, señala ante los medios que el billón de euros que se entregó a los bancos europeos no sirvió para que fluyera el crédito, por lo que demanda  la creación de una banca pública para que el dinero llegue a las pequeñas y medianas empresas

(EUROPA PRESS).- dice:

Los secretarios generales del sindicato vasco ELA y del gallego CIG han presentado este viernes ante el Tribunal Supremo unadenuncia por presunta prevaricación por omisión y supuestos delitos societarios contra los exgobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez; los presidentes que han ocupado el Gobierno desde 1996 y los últimos ministros de Economía por sus responsabilidades en la crisis económica.

La denuncia se dirige así contra José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y el actual jefe del Ejecutivo Mariano Rajoy, así como a los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y el actual titular Luis de Guindos. La acción penal se extiende a los administradores y gestores de las cajas de ahorro y entidades financieras Bankia, Unnim, BBK y NCG Banco.

A las puertas del alto tribunal, el secretario general Adolfo Muñoz ha sustentado su denuncia contra los cargos políticos y responsables económicos que han "consentido un saqueo". "Hay mucha gente en la cárcel mucho más honesta que lo que han dirigido toda esta serie de operaciones", ha enfatizado, junto al secretario general de CIG, Xesús Xeixo, ante los medios de comunicación.

En este sentido, el representante sindical gallego ha lamentado que la Fiscalía "mira para otro lado" y el Código Penal no se aplica de la misma manera cuando se investigan delitos de naturaleza económica. Así, Xeixo ha reclamado que los responsables de esta "grave" crisis económica "vayan a parar a la cárcel" por la trascendencia de su conducta y los perjuicios que ésta ha generado.

Contestación en las calles

Por su parte, el representante del sindicato vasco Adolfo Muñoz ha hecho una llamada a la "movilización" social para exigir la depuración de responsabilidades. "La única manera de frenar este saqueo es la calle, un espacio que tiene que ser ocupado democráticamente para intentar frenar esta situación", ha añadido.En consecuencia, ELA ha reclamado a los magistrados del Tribunal Supremo que investiguen los hechos denunciados y pongan de manifiesto la independencia del Poder Judicial. "El inicio de este tinglado empezó con la construcción de una burbuja inmobiliaria, que se negó y que tuvo colaboración plena política en su gestación", ha remarcado Muñoz, para poner en evidencia el "consentimiento político" en el "falseo" de los balances de las cuentas presentadas por cajas y bancos.

En este sentido, ha recordado que se "vendió" a Europa la idea de que la banca estaba saneada y ahora se pone de manifiesto que "nada de eso" era "verdad". Por ello, ha dicho, la "responsabilidad política derivada de la política y del engaño" debe ser depurada.

El representante sindical ha denunciado la "especulación" de la deuda pública por parte del sistema financiero, al tiempo que ha remarcado que la clase política ha mentido cuando basaba su política de recortes en el "problema del gasto social" y los trabajadores.

La denuncia se hace eco de un informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) que refleja la falta de regulación sobre los términos y condición de préstamos para la financiación de los partidos políticos. "Hay una corrupción cuando las entidades financieras dan créditos a los partidos y cuando llegan al vencimiento, se condonan", ha explicado Muñoz.

Finalmente, ha criticado la dependencia financiera y la "condescendencia" de la clase política con las entidades. "En España el poder financiero manda igual que con Franco y mientras eso siga así la democracia está en cuestión", ha concluido.

FUENTE: EL PAIS

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AFECTADOS POR LA PREFERENTES, DENUNCIADOS POR ACOSO A LA ENTIDAD

Una docena de afectados, denunciados por 

"acoso"

La Fiscalía de Galicia argumentará su demanda por las preferentes en la falta de información al cliente

Varela usará las mismas alegaciones que ganaron casos similares en España

La Fiscalía Superior de Galicia basará su demanda colectiva por el caso de las participaciones preferentes de Novagalicia Banco en los mismos argumentos esgrimidos en otros casos denunciados en España y que han recibido sentencias favorables. 

Todos tenían en común el alegar falta de información a los perjudicados. Así lo confirmó ayer el fiscal superior, Carlos Varela, en Santiago.

Varela explicó que la Fiscalía "sigue con los estudios" de un "importante volumen" de documentación recibida por parte de individuos perjudicados y de alguna asociación de consumidores. "Estamos en esa evaluación", señaló el fiscal, "para poder incorporarla a la demanda y presentarla a finales de mes".

"Hay muchas sentencias en relación con preferentes que derivan de acciones individuales", explicó, en las que "se reconoce que se produjo un perjuicio por falta de información", por lo que, añadió, se "declara la nulidad de los contratos". "Este tipo de argumentos estarán también en la demanda que llevará la Fiscalía, la única diferencia es que la acción de la Fiscalía es conjunta" indicó.

Por otra parte, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, solicitará a la Comisión Europea que dictamine si el proceso de compraventa de preferentes cumplió la normativa comunitaria en materia de productos financieros o si se trata de un "caso de vulneración de las normas en vigor en todos los Estados miembros". Así se lo trasladó ayer en Vigo a representantes de las plataformas de afectados de toda Galicia.

Además, los nacionalistas pedirán a Europa que concrete las medidas necesarias para garantizar que los afectados recuperen todos sus ahorros. 

En ese sentido, calificó de "inadmisible" que el Gobierno gallego se dirija a la Comisión Europea a través del conselleiro de Economía e Industria proponiendo una fórmula, el arbitraje, que "no implica la devolución total de los depósitos". "Es impropio de un Gobierno ir a Bruselas a defender una fórmula que no defiende los intereses de los gallegos, sino las entidades financieras", denunció Miranda. 

La eurodiputada pide al Ejecutivo gallego que aclare en qué "consiste" ese arbitraje. "Espero que no consista en que los afectados renuncien a parte de su dinero o que los canjeen por otros productos financieros de dudosa rentabilidad", alertó.

Una docena de afectados, denunciados por "acoso"

Afectados por las preferentes revelan que, "como mínimo", una docena de integrantes del colectivo han sido "denunciadas" por "acoso" –por "ocupar instalaciones"– por las cajas. "Quien denuncia es el servicio de seguridad de la caja, pero esa entidad pertenece al Gobierno", critican. 

Las mismas fuentes aseguran que desde la "semana pasada" "hay una orden de que se identifique a la gente, simplemente por el hecho de manifestarse". Además, afirman que "los bancos están usando datos que tienen de los afectados para denunciarlos ante la Guardia Civil".

La mitad de estas denuncias se concentrarían en la zona de O Rosal, aunque los afectados tienen constancia de al menos otras tantas repartidas por diferentes áreas del sur de la comunidad, como "O Morrazo, Vigo y Ourense". Los denunciados, enfatizan, son sobre todo personas "mayores".

Los afectados se sienten indignados e ironizan sobre el "perfil" que "hay que tener en este país para ir a la cárcel". "Convierten a los agredidos en delincuentes por ir allí a buscar nuestro dinero", aseguran. No obstante, adelantan que su intención es "no hacer caso" y "no acudir a declarar" al juzgado. "Se trata de una táctica para desmovilizarnos", alegan, y subrayan: "Nosotros no hemos cometido ningún delito; nosotros somos los afectados".

Por otra parte, desde el colectivo siguen reclamando que el Gobierno habilite una solución diferente al arbitraje. 

"No entendemos que se defienda esa vía en Bruselas cuando nosotros no queremos esa opción", remarcan. Los damnificados reconocen que hay gente "a la que confunden los responsables de Consumo para que recurra al arbitraje", pero recuerdan que la única alternativa válida es la "devolución del cien por cien" de su dinero.

FUENTE: EL PAIS

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