Bruselas advierte al Gobierno por su pasividad ante las 'cláusulas suelo'.
La Comisión Europea se lo ha dicho a España en privado, en público, por escrito y de
forma oral. En comunicados oficiales y en informes de parte
destinados a la Justicia Europea. Y hoy lo ha hecho, una vez más, en forma de
una advertencia más seria: o adapta las leyes comunitarias
a la normativa nacional o se arriesga a multas.
La notificación, en forma de
procedimiento de infracción, insta a España a modificar la legislación nacional
para ajustarla a la comunitaria "sobre el procedimiento civil que regula
la ejecución hipotecaria y las órdenes de pago". Pero supone una enmienda general y un nuevo tirón de orejas,
que llega apenas dos días después de una vista en el Tribunal Europeo de
Justicia de Luxemburgo sobre las cláusulas suelo y su
retroactividad.
El pasado julio la Comisión remitió al
Tribunal un documento en el que explica que, según la normativa europea, la banca debería reintegrar la totalidad por las cláusulas que las
sentencias declaren nulas por abusivas. Y no sólo el importe desde
mayo de 2013. Se trataba de un informe muy concreto para un caso de Cajasur,
pero dejaba muy clara la postura de Bruselas. Si algo es abusivo y es nulo debe
desaparecer y el cliente, el ciudadano, debe ser compensado completamente, y no
en parte.
El Ejecutivo europeo explica en el
procedimiento abierto el jueves que su propósito es "garantizar que los
consumidores estén plenamente protegidos contra las cláusulas contractuales
abusivas", cualesquiera sean. Y aunque reconoce y aplaude algunas de las
modificaciones que España ya ha hecho, sobre todo a raíz de la conocida como
sentencia Mohamed Aziz, por el nombre denunciante, reitera que hay
"algunas cuestiones preocupantes" que deben ser abordadas
inmediatamente.
¿Qué supone en la
práctica el procedimiento? De momento, nada. La
"carta de emplazamiento" remitida a Madrid es únicamente el primer
paso. El Gobierno en funciones tiene ahora dos meses,
explica el texto de la Comisión, para hacer caso. Y si no trasladara a la
legislación nacional los cambios exigidos podría recibir un dictamen y el caso
acabar ante la Justicia, con la posibilidad de sanciones económicas.
"La Directiva 93/13 sobre las
cláusulas abusivas en los contratos garantiza que, siempre que el contrato no
se haya negociado individualmente, el consumidor no acabe vinculado por
cláusulas abusivas. Un término del contrato se considera abusivo si está significativamente
desequilibrado y en contra de la exigencia de buena fe".
El Gobierno español ha
sido reacio a aplicar toda la legislación por
miedo, en línea con la Justicia español, al impacto en los balances de un
sector rescatado. Y espera que la decisión del Tribunal de Justicia (a mediados
de julio habrá un dictamen provisional) no respalde la petición de los
consumidores y de la Comisión, pues el
impacto podría superar los 5.000 millones de euros.
"Dos semanas después de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara abusivas las cláusulas
suelo, la apertura de un procedimiento formal de infracción demuestra
que la ley española en materia hipotecaria es injusta y al servicio de la
banca", ha criticado el diputado de los Verdes Ernest Urtasun. "La
Directiva 93/13, que garantiza que el consumidor no quede vinculado por
cláusulas abusivas cuando el contrato no haya sido negociado individualmente,
no se está aplicando correctamente en España porque no se pueden recorrer de
forma efectiva y se inician procesos de desahucio que son ilegales".
De hecho, la Comisión critica en
concreto algunos detalles de la legislación española, como el tiempo disponible para recurrir un desahucio o la imposibilidad
de retrasar o bloquear la venta de una vivienda ya desahuciada mientras se
resuelve una demanda.
PABLO R. SUANZES Corresponsal, Bruselas
28/04/2016 19:17
FUENTE: elmundo.es28/04/2016 19:17
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